El Gobierno deberá pagar a Castilla y León 182 millones por el IVA no ingresado de diciembre de 2017. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo...
El Gobierno deberá pagar a Castilla y León 182 millones por el IVA no ingresado de diciembre de 2017. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo tras dar la razón al Gobierno regional, que el pasado septiembre interponía un recurso contencioso-administrativo, después de que el Consejo de Ministros desestimara de forma presunta, por falta de respuesta, la reclamación del pago de las cantidades debidas a la Junta de Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación del citado ejercicio. Esta sentencia del Alto Tribunal, la primera dictada en España al respecto, supone, además, según explica en un comunicado el director de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, que el Estado estaría obligado a devolver a las comunidades un total de 4.150 millones, correspondientes a los efectos del nuevo sistema, que supusieron un traslado de ingresos de 2017 a 2018 por ese valor, lo que a juicio del mismo, presentaría «un serio problema» para las arcas del Estado «si se generalizan las sentencias y reclamaciones en su contra a instancias del resto de Comunidades Autónomas de régimen común igualmente afectadas». En la demanda judicial presentada el pasado septiembre, la Junta solicitaba al Gobierno de España que se pagaran a la Comunidad las cantidades debidas como consecuencia de la pérdida de ingresos en la mencionada liquidación correspondiente al IVA, que ascienden a 120,49 millones de euros. Asimismo, se reclamaba el abono de las cantidades correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado y su repercusión en los fondos del sistema de Financiación Autonómica, que ascendía a otros 61,51 millones de euros. Esta cantidad corresponde a 30,98 millones de euros del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros del Fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de Cooperación. La importancia de la prueba aportada La decisión del Tribunal Supremo viene a reconocer, ha señalado el Gobierno regional en un comunicado, «la importancia de la prueba aportada por los Servicios Jurídicos en el recurso». «Como se ha demostrado, la Junta de Castilla y León, en todo momento, ha intentado llegar a una solución consensuada previa a la judicial, y ha realizado en los últimos dos años numerosos intentos para la reclamación del pago de las cantidades que se adeudan a Castilla y León», continúa el mismo.by via España
COMMENTS