La Guardia Civil ha elaborado un nuevo informe, esta vez el completo, sobre toda la investigación llevada a cabo respecto a la pieza separad...
La Guardia Civil ha elaborado un nuevo informe, esta vez el completo, sobre toda la investigación llevada a cabo respecto a la pieza separada de Ciegsa dentro de la macrocausa de Taula, que dirige el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. La Unidad Central Operativa (UCO) expone en el documento todas las irregularidades detectadas en el funcionamiento de la empresa pública. Algo que respondería a la «existencia de una estrategia de recaudación y financiación basada en el cobro de comisiones ilegales con intereses diversos: estrictamente personales y de financiación de partidos políticos», según relatan en referencia al PP. La empresa pública dedicada a la construcción de centros educativos habría servido, de este modo, para una doble función según la UCO. De un lado, para el lucro personal de cargos populares mediante comisiones. Apunta, en este sentido, al que fuera responsable de Ciegsa Máximo Caturla; al exgerente de Imelsa Marcos Benavent -ahora principal colaborador de los investigadores en este caso-; al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus; a su exjefe de Gabinete Emilio Llopis; y a su exnúmero dos en la corporación Juan José Medina. De otro, la empresa habría sido el medio para financiar ilegalmente al partido tanto a nivel provincial como autonómico. Un desvío en el que jugaría un importante papel el en ese momento vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos. La persona que, señala la Guardia Civil, «habría manejado importantes cantidades de dinero en efectivo, las cuales habrían sido entregadas por empresarios adjudicatarios de contratos públicos y cuya finalidad era financiar al Partido Popular». Aquí mencionan varias grabaciones telefónicas y declaraciones que vendrían a evidenciar los métodos de recaudación para desviar el dinero al partido. Y hacen especial hincapié en la sentencia de la Audiencia Nacional que acreditaba la financiación ilegal de los populares valencianos, la cual consideran que guarda coherencia con la mecánica de Ciegsa. Además del papel preponderante de Víctor Campos, la UCO alude al desempeñado por los exconsellers Gerardo Camps y Alejandro Font de Mora, y por el expresidente de la Generalitat Francisco Camps. A este último, inciden, «se le atribuye en los diferentes audios, así como parece desprenderse de la propia sentencia, determinada ascendencia sobre las formas de financiación utilizadas y la manera en la que éstas debían llevarse a cabo». «Acumulación de poder» El informe realiza un análisis exhaustivo de la configuración de Ciegsa para concluir que «se produjo una acumulación de poder carente de control en la empresa, la cual gestionó una gran cantidad de fondos públicos, muchos de los cuales lo fueron a través de procedimientos de contratación que presentaban irregularidades en su tramitación y supervisión». Máximo Caturla -cuyo nombramiento creen que tenía como finalidad la recaudación de dinero para el PP- habría promovido, en este sentido, una serie de cambios en los procedimientos de contratación, en el organigrama y en el personal «que le habrían dotado de una mayor capacidad de decisión y control con respecto al funcionamiento de Ciegsa». Como ejemplo cita la contratación de Joan Vergara, una persona «sin experiencia laboral y con la que mantenía una relación previa por haber coincidido en su anterior cargo en la Consellería de Sanidad». A él se le señala como artífice de la modificación de una adjudicación de 43 millones de euros tres días después de su incorporación a la empresa, y mediando un fin de semana, de modo que finalmente, todas las empresas licitadoras fueron valencianas.by via España
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