A un mes de las elecciones generales y con la amenaza de una reacción contundente del independentismo a la sentencia del procés, el Tribunal...
A un mes de las elecciones generales y con la amenaza de una reacción contundente del independentismo a la sentencia del procés, el Tribunal Supremo ultima la respuesta de la justicia al órdago secesionista del 1-O. El fallo entrará de lleno en precampaña y el actual gobierno en funciones tratará de aprovecharlo para erigirse en baluarte del constitucionalismo, consciente de que, tras el 10-N, los pactos serán más complicados, sobre todo con los partidos independentistas. La sentencia del Supremo, que podría notificarse en los próximos días, marcará así el paso de los partidos políticos ante la cita electoral en un momento en el que la movilización social del independentismo está en horas bajas. Y es que, pese a los llamamientos de Torra a la desobediencia y sus amenazas veladas sobre la respuesta de la Generalitat a la justicia, lo cierto es que el segundo aniversario del 1-O fue un fracaso y la detención de los siete CDR que planeaban ataques y el asalto al Parlament el día D (indiciariamente con la colaboración del propio president) ha neutralizado acciones de este tipo, que en cualquier caso, de producirse, serían puntuales y reprimidas por unos Mossos que ya han manifestado su intención de no cumplir directrices políticas. El hecho de que nueve de los acusados de rebelión estén en la cárcel pasado ya el juicio que quedó visto para sentencia el 12 de junio, aventura una condena para todos ellos, si bien la mayor incógnita es si el tribunal considerará probada la rebelión, como pidió la Fiscalía, o si lo rebajará a sedición en la línea de lo solicitado por la Abogacía del Estado. Y para ello será fundamental la lectura que el tribunal haga del concepto de violencia. Para el Ministerio Público existió, tanto física como intimidatoria, y no es algo que se pueda circunscribir a las jornadas del 20-S y del 1-O, sino un planteamiento «asumido» por todos los procesados en su hoja de ruta para «subvertir el orden constitucional». «Un golpe de Estado» «Lo que sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017 fue un golpe de Estado, la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales (…) La razón por la que (los acusados) están siendo juzgados es por haber intentado liquidar la Constitución de 1978, el instrumento básico de nuestra convivencia, mediante procedimientos ilegales, vías de hecho, y utilizando la violencia en los momentos en los que ha sido necesaria», señaló el fiscal Javier Zaragoza en su alegato final. Sin la violencia, añadiría después el también fiscal Jaime Moreno, «no habría sido posible cruzar caminos necesarios» en esa hoja de ruta. «Los acusados lo sabían y llamaron a la ciudadanía a enfrentarse». El tribunal tendrá que considerar probado el ataque al orden constitucional para encuadrar lo sucedido en un tipo delictivo o en otro, pues la sedición es un delito contra el orden público y rebajaría sensiblemente las condenas. Bien es verdad que una rebelión en grado de tentativa y una sedición consumada tienen un reproche penal similar y que la rebelión no tiene por qué ser el denominador común de las condenas de los nueve acusados con mayor nivel de responsabilidad. El «motor de la rebelión» Se trata de Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, quien se enfrenta a la mayor petición de pena -en total, 25 años-, los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romebva y Dolors Bassa, para quienes la Fiscalía pide 16 años; y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los expresidentes de Ómnium Cultura y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, respectivamente, para quienes se solicitan 17 años. Aunque todos participaron en el plan secesionista, a Junqueras le atribuyen un papel decisivo junto con el expresident huido, Carles Puigdemont: ambos fueron advertidos de forma expresa, y hasta en dos ocasiones, por los Mossos de que si no frenaban el referéndum habría violencia en las calles, como efectivamente sucedió. La posible condena por malversación, el trasvase de 2,8 millones de euros para un referéndum ilegal, será otra de las patas de la sentencia. Supuestamente la habrían cometido los miembros del gobierno de la Generalitat antes citados y otros tres exconsejeros que están en libertad tras haberse bajado del tren antes de que Puigdemont consumara su plan (de ahí que no se les procesara por rebelión): Santi Vila, Meritxell Borras y Carles Mundó se enfrentan a siete años de prisión. La verdad judicial Cincuenta y dos sesiones de juicio en cuatro meses, doce acusados, 422 testigos y 16 peritos han ayudado durante las últimas dieciséis semanas al tribunal a escribir el relato de lo sucedido en Cataluña en el otoño caliente de 2017, una nueva página en la historia de España. La verdad judicial de una ofensiva independentista sin precedentes que se saldó con doce procesados en el banquillo, siete huidos y una fractura en la sociedad catalana que tardará mucho tiempo en cerrarse. El destino de los acusados está en manos de siete magistrados a punto de poner el punto y final a la sentencia. Ahora sí comienza la cuenta atrás.by via España
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