En plena ofensiva independentista contra el poder judicial ante la inminente sentencia del «procés», y a dos días de la celebración de una D...
En plena ofensiva independentista contra el poder judicial ante la inminente sentencia del «procés», y a dos días de la celebración de una Diada que los secesionistas quieren convertir en una protesta masiva contra una previsible condena, el Tribunal Supremo y la Fiscalía recordaron ayer la obligación de cumplir la sentencia que salga del Alto Tribunal, «sea cual sea». Lo hicieron por boca de sus máximos representantes, Carlos Lesmes y María José Segarra, respectivamente, durante la inauguración del curso judicial y en presencia de su Majestad el Rey, las máximas autoridades judiciales y una nutrida representación política. Un Estado no es democrático «si no garantiza el respeto al Derecho», lo que comporta «ineludiblemente el respeto a la decisión judicial», recordó Lesmes en el palacio de las Salesas. Quien también es presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se refirió de forma explícita al juicio del «procés» al calificarlo de «paradigma de esos miles de procesos que se celebran todos los días en nuestro país, dirigidos por jueces anónimos y que se construyen sobre la responsabilidad, dedicación, profesionalidad y búsqueda constante de la protección de los derechos de los ciudadanos, sin distinguir entre grandes y pequeños pleitos». Tras agradecer la labor realizada a todos los que hicieron posible el «normal desarrollo» de aquel juicio oral –con especial mención a su presidente, Manuel Marchena–, reiteró el «compromiso de nuestros jueces» con la defensa de los valores del Estado de Derecho proclamados por la Constitución. Son precisamente la Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, dijo, los que reconocen y ordenan derechos y libertades, «los hacen iguales para todos y racionalizan su contenido, extensión y límites». El presidente del Supremo se refirió a la importancia de la justicia como instrumento de paz y concordia y como herramienta indispensable para «restaurar la armonía y la estabilidad social». «Sin justicia no hay convivencia, la sociedad solo puede desarrollarse en paz y concordia si cuenta con un instrumento independiente y neutral para la resolución de sus conflictos, al que se reconozca la legitimidad suficiente como para que sus decisiones sean acatadas y respetadas». El bloqueo del CGPJ De igual forma, y en la misma línea que Lesmes, la fiscal general del Estado se refirió a la sentencia que, como adelantó ABC, se espera para la primera quincena de octubre. «Todos tenemos la imperiosa obligación de acatarla, sea cual sea el sentido de la misma», dijo. «El normal funcionamiento de las instituciones, y singularmente del sistema de Justicia, es uno de los pilares en los que ha de basarse la convivencia», reflexionó la responsable del Ministerio Público, que en todo momento avaló el criterio de los cuatro fiscales de la causa del «procés», que aprecian una rebelión con violencia en el plan secesionista ilegal. Según la fiscal general, el único método válido en un Estado democrático para garantizar esa convivencia, con respeto a «la diversidad y a la libertad de opinión», es el respeto a la Ley. Al aludir al juicio contra los doce líderes independentistas que buscaron la secesión por las vías ilegales, la fiscal general, al igual que Lesmes, ensalzó el respeto a las garantías judiciales que supuso el juicio al «procés», que quedó visto para sentencia el 12 de junio. «La celebración del juicio bajo los más amplios estándares de transparencia, accesibilidad y garantías para las partes sólo puede ser interpretada como la más viva afirmación de nuestro Estado de Derecho», remarcó. Segarra también destacó que la respuesta del sistema judicial ha sido «la aplicación serena, firme y rigurosa de la ley». La fiscal general quiso hacer una mención especial a la labor de los jueces y fiscales destinados a Cataluña que han sufrido el acoso de los grupos más radicales del secesionismo, y aplaudió su «lealtad con el orden constitucional». Entre los asistentes al acto estaba Pablo Llarena, magistrado de la Sala Segunda del Supremo e instructor de la causa del «procés», que ha vivido el acoso independentista en sus propias carnes, con pintadas en su propio domicilio. «Puede contrubuir al descrédito» Además de la sombra del «procés», sobre la apertura del Año Judicial planeó ayer en los «corrillos» de autoridades y representantes de los ámbitos judicial y polític o la incertidumbre ante la investidura de Pedro Sánchez y la posibilidad de nuevas lecciones. El sentir sobre la necesidad de sacar a España del bloqueo en el que está inmersa era unánime. Lesmes se había referido en su discurso al retraso en la renovación del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde el pasado diciembre. A su juicio esta circunstancia supone una «grave anomalía» en el funcionamiento de las instituciones, hasta el punto de que si ese bloqueo se prolonga «puede contribuir al descrédito» del propio CGPJ, alertó. «El Consejo General del Poder Judicial tiene asignada como crucial tarea la de velar por la independencia de jueces y magistrados, por lo que no debe verse debilitado por causas que le son completamente ajenas», dijo. Tanto Lesmes como Segarra aludieron a la necesidad de emprender reformas necesarias en el ámbito de la justicia. Entre ellas destacaron la implantación de un nuevo modelo territorial y organizativo, más medios materiales y, en el caso de Segarra, un modelo procesal que deje la instrucción en manos del fiscal.by via España
COMMENTS