Dos décadas después, arranca en Santiago el juicio por el desfalco relacionado con los cursos de formación de la patronal. En el año 2000 un...
Dos décadas después, arranca en Santiago el juicio por el desfalco relacionado con los cursos de formación de la patronal. En el año 2000 una auditoría destaba un agujero contable de 6,3 millones de euros en las cuentas de la Confederación de Empresarios de Galicia que acababa en manos de la Fiscalía. Tras una compleja instrucción y distintos retrasos, el Ministerio Fiscal acusa ahora al entonces secretario de la entidad, Rafael Sánchez Sostre, y a ocho personas más, de apropiarse de fondos públicos destinados a los cursos entre los años 1996 y 1999. Según el escrito de la Fiscalía, todos los acusados, «con la finalidad de conseguir un beneficio patrimonial», se apropiaron de fondos públicos justificados a través de «cursos no realizados», facturas «dobladas» y la «imputación excesiva de coste» de profesorado, aulas y manuales didácticos, además de otros excesos contables. Para el secretario de la CEG bajo el mandato del ya fallecido Antonio Ramilo, la fiscalía solicita 4 años de cárcel y una multa de dos millones de euros por un delito de fraude de subvenciones. Los otros acusados son socios, gestores o representantes de empresas formadoras que se enfrentan a dos años de cárcel y penas de entre 50.000 y 500.000 euros. El juicio comenzará el próximo martes y se prolongará hasta el 4 de octubre. La Fiscalía considera a Sánchez Sostre el máximo responsable de la trama. La CEG como entidad formadora recibía dinero público de la Xunta de Galicia y del Estado procedente de fondos europeos para ayudar a los desempleados a encontrar trabajo. Entre los años 96 y 99 a la patronal gallega llegaron 20 millones de euros. Pero, según la Fiscalía, una parte acabó en el bolsillo del secretario de la patronal y de los responsables de empresas como Consultoría Formación, Cares Márketing y Comunicación, Técnicas de Formación, DEO, Dalbe 5, Estudio Global de Gestión y Euroges 97. El fraude se destapó por las sospechas de las confederaciones provinciales. Antonio Ramilo dimitía en noviembre del año 2000 entre acusaciones de despilfarro y manejos contables. Su sustituto en la presidencia, el coruñés Antonio Fontenla, encargó una auditoría, en la que además del fraude de los cursos de formación afloró una sobrevaloración de la sede de la patronal gallega por valor de 2,7 millones de euros. El agujero total ascendía a 6,3 millones de euros. Ramilo falleció en el año 2006. Pese a que la patronal se ha personado como acusación en el proceso, el fiscal la considera responsable subsidiaria del fraude en los cursos de formación y le exige que abone una indemnización de 374.477 euros al Inem y 142.973 a la Xunta.by via España
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