La manga ancha contra la venta ambulante ilegal parece tener los días contados. El equipo de gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP) qui...
La manga ancha contra la venta ambulante ilegal parece tener los días contados. El equipo de gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP) quiere acabar con la permisividad que existió durante la legislatura de Manuela Carmena respecto a la venta ambulante ilegal en relación a los manteros y lateros, cuya presencia han convertido las principales calles del Centro de la capital en un zoco. Dicha medida suscitó el aplauso de comerciantes y hosteleros. Tal y como anunció ABC, ayer entró en vigor la instrucción de la Policía Municipal que obliga a actuar de forma inmediata a los agentes ante estas prácticas y lo hará limitándose a cumplir la normativa y las ordenanzas. El agente, además de decomisar la mercancía, abrirá la correspondiente acta de denuncia al tratarse de una actividad prohibida que en algunos casos atenta contra la propiedad industrial e intelectual. Elimina por tanto, la norma anterior que les impedía perseguir el top manta cuando pudiera estar en riesgo la seguridad ciudadana. En definitiva, cuando los manteros corrían para zafarse de los funcionarios y se llevaban por delante a los transeúntes como estrategia para que no les siguieran. Ayer, se produjeron 32 actuaciones policiales. La iniciativa del PP fue muy bien acogida por comerciantes y hosteleros, hartos de «tanta impunidad». «Es cierto que los manteros están más nerviosos desde hace unos cuantos meses porque la Policía ahora les hostiga más, pero esta instrucción municipal les permite actuar, sin tener las manos atadas, como sucedía con Carmena», sostiene Paloma de Marco, presidenta de la Asociación de Comerciantes de las calles de Preciados, Carmen, Arenal y Adyacentes (Apreca). Lo comentaba en la Puerta del Sol, a las 14 horas, con más de una docena de subsaharianos extendiendo sus mantas en el suelo para tener que levantarlas minutos después. ¿El motivo? Agentes en moto no cesaron de pasar durante media hora. Con todo, los clientes se acercaban y algunos compraban. A otros no les daba tiempo. «Los bolsos, 20 euros, 10 las bandoleras y 10 el polo», explicaba un joven. «Esto es nuevo. No lo había visto nunca. A ver si es verdad que se toman medidas de una vez. Hay que ir a la raíz del problema y a los abastecedores que se lucran de este entramado», clamaba Pedro, asiduo de la zona. En la acera de los impares de la Gran Vía, desde Montera a Callao, dieciocho tenderetes exponían sus productos. Colonias, camisetas de Messi, de Ronaldo, calzoncillos, gafas de sol, abanicos... Otros tantos había en Preciados a las 14.30 horas. «No pedimos nada extraordinario. Solo que se cumpla la ley con rigor y se erradiquen las mafias» «Este asunto no se puede solucionar de sopetón, pero esperamos resultados ya que todos salimos perjudicados», agregaba De Marco. En la calle Mayor, desde la esquina de la de Correos a la de Esparteros, otros diecisiete manteros ofertaban sus artículos en hilera. Un par de ellos estaba junto a La Mallorquina, otro grupo, en Arenal, otros cuatro en la entrada a la Plaza Mayor... «Solo queremos que se cumpla la ley con rigor. No vamos contra el vendedor, el eslabón más débil de la cadena, sino contra las mafias, las falsificaciones y la ilegalidad», recalcó José Antonio Asensio, presidente de la Confederación de Comercio Especializado y de Proximidad de la Comunidad de Madrid (Cocem). «Ni justo ni digno» Según sus cálculos estas prácticas, en las que se incluye a lateros, vendedores de flores y mercadillos agroalimentarios sin control ni garantías producen unas pérdidas de 150 millones al año en la Comunidad y 1.500 empleos. O dicho de otro modo, es dinero que se deja de ganar y puestos de trabajo que no se crean. «Es indignante ver cómo en la final de la Champions, por ejemplo, los lateros se forraron delante de nuestras narices sin que nadie hiciera nada. También hay que atajar los pisos de donde se surten», subraya José Antonio Aparicio, responsable del Gremio de Restauradores de la Plaza Mayor. «Deberían darles una salida. Faltan por cubrir determinados empleos, hay pueblos deshabitados y yo tengo que estar llamando a la Policía cada dos por tres porque se me ponen en la puerta y venden lo mismo que yo. No es justo ni digno que estén así ni para ellos ni para nosotros. Así no se integran», lamenta Estela en la calle Postas.by via España
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