«Se han recuperado viejas prácticas odiosas de reparto y compensación entre quienes forman la mayoría sacrificando cuando es preciso la idon...
«Se han recuperado viejas prácticas odiosas de reparto y compensación entre quienes forman la mayoría sacrificando cuando es preciso la idoneidad de los candidatos». Así se refieren tres vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a los nombramientos que está llevando a cabo el órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde diciembre del pasado año, en presidencias de audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia o distintas salas del Supremo. En un duro voto particular conjunto que suscriben el abogado Enrique Lucas y las juezas María Victoria Cinto y Roser Bach, y al que ha tenido acceso ABC, los tres vocales apelan a la necesidad de que el Consejo «modere el ejercicio de sus atribuciones en materia de nombramientos discrecionales» y que sólo renueve aquellas plazas que sea «imprescindible» cubrir para evitar problemas de funcionamiento de algunos órganos judiciales. Sostienen que pese a que este planteamiento, junto con el de la necesaria motivación de las propuestas y de los acuerdos, era el inicial, «se ha tornado en la convocatoria masiva de plazas, algunas todavía no vacantes, sin un examen previo de su urgencia». Los vocales critican la forma de seleccionar las ternas y de confeccionar las propuestas de nombramiento en las que «no existe una auténtica motivación digna de tal nombre». «No solo porque (los nombramientos) se hacen de manera atropellada sino porque los motivos para incluir a unos y excluir a otros son inaprensibles y marcadamente tautológicos (es excelente porque es mejor y es mejor porque es excelente) y lo que es mas grave, se formulan ex post facto para intentar justificar una elección cuyas verdaderas razones son otras». Los vocales aluden en concreto a los nombramientos de las presidencias de las audiencias provinciales de Valladolid y Valencia aprobados por la mayoría del Pleno en julio y a los de los magistrados de las Salas Primera y Cuarta del Supremo del pasado 25 de septiembre «efectuados sin unas propuestas debidamente motivadas y sin dar razones mínimamente fundadas sobre la formación de ternas de las que han quedado excluidas personas que tendrían que haberlas integrado» señalan. Credibilidad de la institución «Acabemos con la vertiginosa carrera para agotar todos los nombramientos posibles que se ha lanzado, y cuando no exista ninguna duda de la imperiosa necesidad de un nombramiento concreto que no pueda esperar a que lo realice el siguiente Consejo», proponen estos vocales, que añaden: «Seamos consecuentes con las bases que hemos aprobado y acordémoslo observándolas estrictamente. De ello depende no solo nuestra credibilidad sino, la de la institución a la que responsablemente debemos servir». Los vocales aprovechan el voto particular para criticar el talante del presidente del Consejo, Carlos Lesmes, por «negarse en redondo, apelando a su autoridad, a que se votara sobre la propuesta formulada por varios vocales sobre la retirada o mantenimiento de un punto del orden del día» (la aprobación de las bases de una convocatoria). «Así se dirigen y ordenan los debates de este órgano constitucional, que es colegiado y plural», sostienen con ironía los firmantes. No a la suspensión cautelar Precisamente ayer la Sala Tercera del Tribunal Supremo rechazó la suspensión cautelar de los acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, dictados en junio y julio de este año, por los que se convocaron diversas presidencias y plazas en órganos judiciales colegiados. Las asociaciones Francisco de Vitoria y Jueces y Juezas para la Democracia habían solicitado esta suspensión (mientras se resolviera el fondo de su recurso contra esas convocatorias) apelando precisamente a la interinidad en la que se encuentra el CGPJ. Las asociaciones cuestionan en total medio centenar de nombramientos. Los magistrados rechazan el argumento de que el recurso pierda su finalidad si no se acuerda esa suspensión cautelar, pues la ejecución de una hipotética sentencia estimatoria conduciría a la nulidad de los nombramientos y a la nueva convocatoria de las plazas «de manera conforme a derecho, con las consecuencias económicas y de cualquier otro orden que correspondan». Presunción de legalidad La Sala considera que en el caso planteado sí existe una afectación de los intereses públicos relevante. «En efecto, el normal desarrollo de la administración de justicia requiere la pronta cobertura de las plazas vacantes tanto judiciales como gubernativas y, mientras esta Sala no se pronuncie en contra mediante sentencia, los nombramientos efectuados cuentan con presunción de legalidad». Por tanto, concluye, «no concurriendo ninguna circunstancia específica, aparte las inevitables consecuencias de una hipotética anulación de los nombramientos, han de prevalecer los intereses generales asociados a la efectividad de las convocatorias efectuadas por el Consejo General del Poder Judicial en ejercicio de sus competencias». En su recurso ante el Supremo, las asociaciones judiciales sostienen que las convocatorias han sido aprobadas por el Consejo en funciones sin previo desarrollo reglamentario de aplicación general y sin dar traslado de las mismas a las asociaciones profesionales.by via España
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