El auto de la titular del Juzgado de Instrucción 21 de Valencia, en el que se procesa a la exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Mode...
El auto de la titular del Juzgado de Instrucción 21 de Valencia, en el que se procesa a la exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Consuelo Císcar por un presunto fraude de alrededor de cuatro millones de euros en la adquisición de reproducciones de obras del escultor fallecido Gerardo Rueda al precio de los originales, es contundente en la descripción que la jueza realiza de los hechos que pueden ser constitutivos de delito. Tanto Císcar como el ex director económico administrativo del museo Juan Carlos Lledó y el hijo y heredero del artista, José Luis Rueda, podrían ser juzgados por delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial. A los tres, la titular del mismo juzgado ya les exigió una fianza millonaria cercana a la misma cantidad presuntamente defraudada en concepto de responsabilidad civil. En el documento –al que ha tenido acceso ABC– la magistrada alude a varios correos electrónicos internos de empleados del IVAM y a informes periciales, entre otras pruebas, para concluir que los entonces dirigentes del museo eran plenamente conscientes de lo que compraban y que estaban pagando por ello precios «desproporcionados» y «desmesurados». Algunos de esos correos son muy ilustrativos para entender cómo funcionaban las cosas en la entidad pública. En ellos se da cuenta de cómo José Luis Rueda, saltándose todos los protocolos, utilizaba su influencia y su buena relación con Consuelo Císcar –de la que alardeaba en algunos mensajes– para influir en las decisiones de la cúpula directiva de la entidad cultural y dirigir su actividad, de forma que también podía satisfacer sus propios intereses personales. De lo que se extrae de los mensajes, en noviembre de 2007 Rueda y Lledó mantuvieron una conversación telefónica «tensa» debido a las discrepancias entre ambos a la hora de fija el precio del seguro de una de las exposiciones, por lo que el primero contactó con Raquel Gutiérrez, directora del área técnico artística del museo. Lo hizo para advertirle que «si no tengo en mi poder en cuestión de tres horas el contrato que me corresponde de mis 12.000 euros por haber hecho todo el trabajo en la exposición» ni él, ni sus colaboradores, viajarían a Valencia para la rueda de prensa de presentación y anularía un anuncio de la muestra en El País. El hijo del escultor madrileño le informa también de que otra persona «pasará una factura correespondiente por sus honorarios para buscar las ubicaciones de las esculturas en Nueva York que oscilará entre 100.000 y 120.000 euros», y añade que «dentro de la indignación que siento por la confianza no correspondida», si hubiera sabido «esto del seguro» con anterioridad «habría anulado la exposición, pero abusando de mi confianza y bondad se encuentra en Valencia ya, por lo que me irrita especialmente que nadie en el IVAM tiene capacidad para valorar y tasar mi colección. No acepto tasaciones de subastas. Mi colección es única y la valoran los profesionales y yo mismo que soy el propietario de la misma», le asevera. «Quiero dejarte muy claro que con las exposiciones realizadas por mí en el IVAM y sus consiguientes itinerancias, hechas y realizadas tambien por mí, quien se beneficia es el IVAM, más que Gerardo Rueda. Lo digo con conocimiento de causa y constatado a nivel internacional», escribe Rueda, al tiempo que asegura que le parece «vergonzante» tener que pagar los billetes y las dietas de un colaborador y las «tres noches de hotel» de su madre. Con lo cual, sentencia, «a partir de ahora, nuestra relación será puramente profesional hasta el término de las exposiciones». Apenas dos días después, el descendiente del artista vuelve a comunicarse con la directora artística tras haber conversado, asegura, con Consuelo Císcar. Esta vez ya con un tono más conciliador solicita a Gutiérrez que le llame para «arreglar el tema de los seguros», pues si con Císcar se había entendido «perfectamente» también se entendería con ella. «Entonces podré reducir considerablemente los seguros» y «apareceré en el contrato para que quede constatado que también soy sponsor de esa exposición para poder hacer esa reducción del seguro», afirma desdiciéndose de sus palabras: «Estaré presente en la rueda de prensa» y «el catedrático renuncia a cobrar los 100 o 120.000 euros que te comenté el otro día». Una suma de la que «efectivamente nunca se había hablado», pero «es importante que sepa valorar y reconocer los trabajos de las personas que hacen las cosas por bondad, por lo cual, en este aspecto, tranquila». Precisamente, en referencia al seguro de la exposición «Gerardo Rueda. El Museo Imaginario», uno de los testigos declaró ante el juez en instrucción que «esa exposición no se pudo asegurar porque los valores que daba Rueda eran tan exageradamente altos y absurdos... Tuvimos una discusión muy fuerte y yo le dije a Juan Carlos Lledó que no aseguraba ésa exposición con esos valores. Lledó se lo dijo a Rueda y dijo que prefería no asegurar las obras a transigir con rebajar los valores dados». «El IVAM y otros animales» Según el escrito de la jueza, con todas estas prácticas se contribuyó al enriquecimiento del propio Rueda, que con las ventas y su intervención «directa» en las actividades del museo ganó casi tres millones de eruos. Él mismo se empeñó en que se contratara a una empresa en particular –Edict– para el transporte de las obras de al menos tres proyectos expositivos en 2007. En otro email dirigido a la responsable del área técnico artística Raquel Gutiérrez, el director económico del instituto Juan Carlos Lledó califica de «inadmisible» la actitud de Rueda y las exigencias hacia la máxima dirigente del museo, con amenazas incluso de retirar o boicotear las muestras programadas. «Hay que pararle los pies. Esto no es una empresa privada, hay normas de contratación que tenemos que cumplir», dice Lledó, aunque finalmente –pese a considerarlas un «capricho»– se plegó a las exigencias del hijo del escultor y fue la empresa Edict quien realizó el transporte. Tanto es así, que Lledó envió meses después, en febrero de 2008, otro correo a Gutiérrez con el asunto «los horrores del IVAM» y tres documentos adjuntos. En él le escribe: «Para que te diviertas en tu periodo de lactancia, entre teta y teta, te mando, los "horrores del IVAM". Ya conoces el 1. Vamos coleccionándolos». Esos archvos incluyen unas tablas en cuyo encabezado se listan diferentes contrataciones realizadas por el museo y debajo, en cada columna, se describen diferentes irregularidades cometidas en su tramitación. De estos documentos cabe destacar el titulado «El IVAM y otros animales II», puesto que se describen las irregularidades cometidas durante la tramitación de la contratación del transporte de las obras en ocasión de la exposición «Gerardo Rueda. El museo imaginario». Concretamente se anota lo siguiente: «Sin haberse contratado nada comienzan a llegar embalajes y obras al IVAM transportadas por EDICT, quien sin ninguna orden desde el IVAM ya está organizando embarques y transportes por orden de Jose Luis Rueda. Se contrata todo para atrás, con una PG de 72.3000 euros que debería ser concurso, mediante un negociados sin publicidad único proveedor falsificado. A día de hoy la empresa no ha presentado los certificados de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y todo el expediente está sin firmar». Raquel Gutiérrez -quien recibió este email durante su baja por maternidad- afirmó en su declaración que «las instrucciones de Rueda nunca se ejecutaban sin el beneplácito o autorización de la directora». Explicó además que Rueda «hablaba con medio museo» y que «se trataba como un director del IVAM y decidía cuestiones que nada le competían». 58 reproducciones a precio de original La cúpula directiva del IVAM podría haber incurrido en una supuesta estafa mediante la compra con fondos públicos de 58 esculturas del también pintor madrileño. Esas creaciones fueron adquiridas, junto a otras 40 del mismo escultor, fallecido en 1996, a precio de obras de arte originales -explica la jueza a lo largo de 109 páginas-, «contraviniendo con ello lo suscrito en los contratos y enriqueciendo con ello ilícitamente al señor José Luis Rueda en la cuantía de 2.944.325 euros». A esa cantidad habría que sumar los 512.524 euros que pagó el IVAM a una fundación privada para fundir 44 de las obras. Además, algunas de esas piezas fueron promocionadas «de forma indebida» con exposiciones organizadas y sufragadas por el propio museo, y que contaron con la intervención directa del hijo de Gerardo Rueda, para «encubrir y extender el engaño», con un desembolso añadido de casi 720.000 euros, precisa en el auto. Uno de los dos expedientes bajo sospecha está fechado en 2004 y se inició con una carta enviada por la Fundación Rueda a Consuelo Císcar, en la que se ofrecía al IVAM la obra «El Gran Relieve», que había sido expuesta en el mismo museo en mayo de 1996, por 360.000 euros, como condición previa para la donación de otras trece creaciones del artista. Todas esas obras, según la instructora, no habían sido realizadas en vida por el escultor, sino que fueron reproducidas tras su muerte en la fundición Eduardo Capa, lo que no concuerda «con lo pactado y estipulado en los diferentes documentos» donde se justificaban esas compras. El otro expediente de adquisición es del año 2006 y comprende la compra de otras siete obras de Rueda por un importe total cercano a los 2,6 millones de euros, sin que conste una propuesta de venta previa efectuada por el hijo del artista. El contrato en el que se formalizó esa operación, que incluía la donación de 77 piezas más, obligaba al IVAM a asumir los gastos de fundición de 44 de ellas. Precisamente, la jueza detalla que en los documentos relativos a esa adquisición «no se hace uso de términos como prueba de autor, copia, reproducción, edición de serie limitada o realización post mortem y por el contrario sí que se usa el término obra original u obras cuyo autor es Gerardo Rueda». Por tanto, entiende que se abonaron –a sabiendas– y sin detallarlo en el contrato, casi tres millones y medio de euros para la compra de –simples reproducciones-, realizadas una vez el artista ya había muerto, a precio de obra de arte original. El auto, notificado este viernes a las partes, emplaza a la Fiscalía y demás acusaciones a pedir la apertura de juicio oral, o el sobreseimiento de la causa, en el plazo de diez días. Consuelo Císcar es la esposa del exconseller Rafael Blasco, condenado por el desvio de fondos de cooperación, y hermana de un exdiputado del PSOE, Ciprià Císcar. Estas diligencias constituyen una de las tres pieza separadas del conocido como Caso IVAM que investiga las supuestas irregularidades en la gestión del museo público y que fueron denunciadas en 2015 por la Fiscalía Anticorrupción. Una de ellas -la correspondiente a un posible blanqueo de capitales- fue archivada y la otra, investiga en fase de instrucción al hijo de Císcar y Blasco -conocido como «Rablaci» – por supuestamente usar los recursos del centro de artes que dirigió hasta 2014 su madre –también imputada– para promocionar su carrera artística. Según consta en un informe policial incorporado al procedimiento, la exdirectora del IVAM utilizó a cuatro trabajadores del museo para promocionar la carrera profesional y hacer el currículum a su hijo artista. Cada una de estas personas «tenía una función y jerarquía bien definidas, siendo sus acciones reiteradas en el tiempo a medida que se organizaba una nueva exposición en el extranjero».by via España
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