Nadie dejó este asunto previsto ni resuelto. Y en eso estamos». Con estas palabras, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Franci...
Nadie dejó este asunto previsto ni resuelto. Y en eso estamos». Con estas palabras, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, defendía el trabajo que desde el Ejecutivo están haciendo para que los trabajadores de la administración autonómica vuelvan de la jornada laboral de 37,5 horas semanales que se aplica desde la crisis a las 35. Pero también descargaba en el anterior Gobierno las culpas de no poder hacerlo de forma inmediata como reclaman los funcionarios. Y es que, recordó Igea, el acuerdo rubricado con las centrales sindicales se selló «a una semana de las elecciones» del pasado 26 de mayo y, además, «sin memoria económica y sin previsión». Después de semanas en las que desde el Gobierno en coalición de PP y Cs presidido por el popular Alfonso Fernández Mañueco se han mordido en cierta medida la lengua a la hora de repartir responsabilidades, Igea sí apuntó de forma más directa al anterior Ejecutivo del conflicto abierto que ayer sacó a la calle a cientos de funcionarios, con previsión de huelga el 6 de noviembre. La decisión «se tomó sin memoria económica, sin previsión y a una semana de las elecciones. La conclusión la sacan ustedes», respondió Igea sin querer entrar a decir si era o no una medida electoralista. El vicepresidente asumió la «molestia y enfado» de los trabajadores, a los que reconoció el «esfuerzo y trabajo». Pero, apostilló, «no podemos poner en riesgo la prestación de los servicios públicos». Y es que más allá del coste económico que supondría el cambio de jornada -unos 120 millones de euros este año-, desde la Junta inciden en el impacto en los servicios. De ahí, incidió, en el compromiso de «llevar a cabo» esa vuelta a las 35 horas, «pero hay que hacerlo compatible con la calidad de los servicios». Además, anunció que antes del 15 de octubre volverán a sentarse a la mesa con los sindicatos para entablar una negociación al respecto, después de que las centrales UGT, CC.OO. y CSIF se levantaran sin acuerdo. Una hora antes de que Francisco Igea hiciese estas declaraciones, en las delegaciones territoriales de la Junta en las capitales de la Comunidad cientos de empleados públicos se concentraron para exigir la reducción de la jornada laboral. La movilización más numerosas se produjo en Valladolid, donde trabajadores con nómina de la Junta cortaron la céntrica calle de Duque de la Victoria. Responsables de CC.OO., UGT y CSIF, las organizaciones convocantes, portaron una pancarta en la que se leía «Junta de Castilla y León cumple tus compromisos. 35 horas ya», mientras los manifestantes gritaban «¡huelga, huelga!». Ánimos un tanto caldeados entre los funcionarios, cuyos representantes sindicales advirtieron de que «no vamos a parar hasta que lo consigamos», y eso incluye la huelga general del 6 de noviembre convocada para los 85.000 empleados de la Función Pública. También dejaron claro que «no hay nada que negociar», de forma que rechazaron el diálogo en las mesas sectoriales anunciado ayer por Francisco Igea. Según apuntaron, «no es el momento de negociar sino de cumplir». Así lo señaló el secretario provincial de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, Javier Garrido, quien manifestó «no entender que no se respeten los acuerdos firmados», el alusión al rubricado el 21 de mayo, y advirtió de que «lo único que consiguen es generar inseguridad y desconfianza» cuando se vayan a negociar otros asuntos. Se mostró, además, muy indignado con la propuesta presentada por el Grupo Popular en las Cortes regionales sobre las 35 horas, una actuación que tachó de «desfachatez» y denunció que «nos están utilizando con sus artimañas políticas haciendo su juego electoral para sacar rédito». PNL del PP La citada iniciativa es una Proposición No de Ley (PNL) en la que se insta a la Junta a «intentar culminar a la mayor brevedad posible las negociaciones con los sindicatos más representativos para hacer posible la aplicación de la jornada ordinaria de 35 horas». En el texto se matiza, no obstante, que esa aplicación se deberá producir en condiciones de equidad, con las suficientes garantías de que la medida será sostenida en el tiempo y asegurando que no incida en la prestación de los servicios públicos. La PNL no se debatirá en el pleno del martes y de momento no hay fecha para su presentación, aunque ya ha sido registrada, porque así lo ha decidido el Grupo Popular. La iniciativa del PP fue rechazada por los sindicatos, que dejaron ayer más que claro que «no vamos a parar; llegaremos hasta donde haga falta, incluidos los tribunales» para conseguir la puesta en marcha de la jornada laboral de 35 horas, señaló la representante de CSIF, María José San Román. Amenaza que también hizo Ana Rosa Cerrón, de CC.OO., que recordó, además, cómo en 2002 quien ahora preside la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, firmó las 35 horas y en la campaña «alguno» lo llevaba en su programa electoral, en referencia a Ciudadanos, por lo que instó a que «miren a sus socios». «Estamos muy quemados y muy descontentos», se lamentó.by via España
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