Denuncias cruzadas entre los padres, sentencias, absoluciones, medidas revisadas, llamadas continuas a la Guardia Civil, a la Policía Local,...
Denuncias cruzadas entre los padres, sentencias, absoluciones, medidas revisadas, llamadas continuas a la Guardia Civil, a la Policía Local, a la Nacional... Ese era el ambiente que rodeaba en los últimos dos años a Sergio, el niño estrangulado por su madre en Almería. «Mi hijo me ha mandado mensajes pidiendo auxilio», asegura Sergio Fernández, que llevaba meses peleando para que su pequeño estuviera bien atendido. «No lo llevaba al colegio, ni lo lavaba, algunos días no comía», insiste, destrozado. El lunes una magistrada le dio la razón y le otorgó la guarda y custodia. Él áun no lo sabía: se lo comunicaron el jueves, cuando el pequeño ya estaba muerto. Ana María B. L., de 38 años, su pareja durante 17 años, lo denunció el 5 de abril de 2017 por malos tratos. La juez de Violencia sobre la Mujer de Almería le concedió ese mismo día una orden de protección, el uso de la vivienda en Huércal y la custodia del niño. El 23 de enero del año siguiente, con el acuerdo de los dos progenitores, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se dictó sentencia en la que se atribuyó la custodia a la madre. El padre podía tener a su hijo de jueves a domingo en semanas alternas y un jueves por la tarde. Ingreso en salud mental A Ana María, huérfana de madre desde los 13 años, le habían diagnosticado una enfermedad mental en 2012, según fuentes de su entorno. Tras la ruptura, la vida de la familia se convirtió en un infierno diario. La mujer se presentaba en Alcolea donde vive la familia paterna e intentaba llevarse al crío. En otras ocasiones los llamaba sin cesar y trataba de volver con su expareja. La abuela, el abuelo, el padre del niño... todos denunciaron no una sino muchas veces este acoso. Llamadas al cuartel o a la Policía Local que acababan resolviendo el conflicto en ese momento. En febrero de este año un Juzgado de lo Penal absolvió a Sergio Fernández de malos tratos. El acoso de su expareja continuó. «El niño no quiere irse con su madre», contaban los familiares a los agentes que acudían tras las llamadas. No hubo tregua. En julio, Ana María fue ingresada en una unidad de salud mental en contra de su voluntad por orden de otro juzgado. A los nueve días le dieron el alta con medicación prescrita. Y en septiembre Sergio volvió a recurrir a la Justicia. Presentó una demanda pidiendo la guarda y custodia de su hijo. La vista se celebró hace una semana. El padre alegó que ella no lo cuidaba, que el niño no iba a clase, no comía bien y tenía falta de higiene. «En ningún momento se apuntaron circunstancias que supusieran la existencia de un riesgo vital para el menor, sino desatención», explicaron fuentes judiciales. Los servicios sociales también estaban al tanto. Ana María intuía que la situación podía inclinarse a favor de su exmarido después de la última comparecencia judicial. «Estaba empecinada en que le iban a quitar al niño y en que no lo iba a consentir», relató Ana, la pareja de su padre a ABC. Ella es la persona que le daba cobijo y la escuchaba, la misma a la que recurrió la presunta autora tras matar a su hijo. Este lunes la magistrada otorgó la guarda y custodia al padre. La sentencia aún no se había notificado a las partes, pero la Guardia Civil sospecha que Ana María debió de enterarse y quizá fue esa la razón que desencadenó el crimen. «Sabía lo que había hecho» El jueves, pasadas las diez y cuarto de la mañana, llamó a la puerta de Ana en Las Norias de Daza, a 40 kilómetros de su casa, donde buscaba refugio y un plato de comida cada vez con más frecuencia. Ana había sido pareja de su padre los últimos 14 años, hasta hace poco más de tres meses. «Me pidió ayuda para que sacara al niño del coche pero yo al verlo... tenía los labios morados. Parecía que estaba muerto. Le pregunté qué le había hecho. Ella sabía lo que le había hecho, pero no lo admitía», explicó ayer a ABC destrozada por la situación. «Intenté llamar a la Guardia Civil, no me dejaba, no se apartaba de mí y pedí ayuda casi por señas a mi vecina. Hubo un momento en que pensé ¿y si me hace algo a mí también? Estaba ida». Su vecina Hortensia logró avisar a los agentes. La madre huyó con el niño muerto en el coche. La detuvieron minutos después en las inmediaciones. «Quiero irme montada con mi hijo en la ambulancia», les soltó a los guardias civiles. Estaba tranquila. Y así sigue. En una mochila llevaba un cordón de albornoz con el que estranguló a su hijo a 40 kilómetros, en la casa de Huércal. Se lo contó ella misma a los investigadores. Durante el registro de la vivienda no cambió su actitud. Parecía en calma aunque hablaba del niño en presente, como si estuviera allí, mientras les relataba cómo era su hijo, sus gustos... Está prevista una reconstrucción en la casa antes de ponerla a disposición judicial. Después será la hora de un examen psiquiátrico. La familia exigirá responsabilidades: nadie protegió a un niño en peligro Sergio Fernández, sus padres, toda la familia acumula una mezcla de dolor y rabia. Creen que nadie hizo nada por salvar al niño, por protegerlo. El historial judicial de la pareja es solo uno de los eslabones de la cadena. Pero además están las denuncias verbales o por escrito que fueron presentando. Uno de los abuelos denunció que el pequeño sufría maltrato, pero al parecer ni siquiera se le sometió a una exploración. Los servicios sociales de Huércal estaban también al tanto de la situación, alertados por el absentismo escolar. Los vecinos han llegado a decir que no les ha sorprendido el crimen. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad ya han recibido reproches por no intervenir. Culpan a la madre y a los fallos del sistema. También a la familia materna. «Que no vayan al entierro», amenazan.by via España
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