El caso parecía zanjado, pero no. La exhumación de Franco se antojaba vista para su ejecución después de la sentencia favorable del Tribunal...
El caso parecía zanjado, pero no. La exhumación de Franco se antojaba vista para su ejecución después de la sentencia favorable del Tribunal Supremo para los intereses del Gobierno, pero todavía queda una pequeña batalla por librar. Hay que solventar un matiz y la llave la vuelve a tener, salvo que el Tribunal Supremo insista en lo contrario, el prior de la abadía benedictina del Valle de los Caídos, que a lo largo de todo el proceso se ha opuesto a abrir las puertas de la basílica de Cuelgamuros para desenterrar al dictador y que ahora, después de la sentencia de Alto Tribunal, debe volver a posicionarse. Justo por esto le preguntó esta semana, en una carta fechada el pasado martes a la que ha tenido acceso ABC, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. La socialista instó a Santiago Cantera, el prior, a comunicar al Ejecutivo si acata la sentencia del Supremo o si, por el contrario, se mantiene en su negativa a abrir las puertas del templo amparándose en la inviolabilidad que le confieren los acuerdos entre España y la Santa Sede. El fondo de este asunto es relevante, al menos para el abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera-Molina. De hecho, el letrado lanzó su penúltima ofensiva legal en esta línea. Tras conocer el contenido de la sentencia, el abogado de los nietos de Franco solicitó al Supremo una aclaración de la misma, haciendo especial hincapié en la respuesta a una pregunta: ¿Una sentencia judicial prevalece sobre el Concordato con la Santa Sede? Los magistrados consideraron que el Gobierno no vulneraría estos pactos si la exhumación llega a término, pero el Ejecutivo, con la resolución judicial en la mano, ha vuelto a pedir permiso a la Iglesia. Este hecho pone de manifiesto la pertinencia del trámite. Cabe recordar que así lo contemplaba La Moncloa en el texto del acuerdo del Consejo de Ministros con el que se inició el proceso de exhumación y que otorgaba un papel clave a la Iglesia. Cinco días La respuesta del Supremo a la petición de la familia Franco todavía está en el aire. De hecho, podría darse el caso de que el Alto Tribunal no estimara la petición y se remitiera a la sentencia. No obstante, si los magistrados se desdijeran, algo improbable a tenor de la unanimidad con la que emitieron el fallo, el prior podría volver a negarse en virtud de la inviolabilidad de los lugares de culto que reservan los acuerdos con el Vaticano. En la misiva de esta semana, la vicepresidenta del Gobierno le recuerda a Cantera que en un escrito registrado en el Ministerio de Justicia y fechado a 3 de enero de 2019, éste aseguró que la comunidad benedictina, que custodia la basílica del Valle de los Caídos en la que está enterrado Franco, acataría lo que decidieran las autoridades competentes que, como expuso el prior haciendo referencia al carácter conflictivo del caso, «no pueden ser otras que las judiciales». Así, la vicepresidenta del Gobierno informa al religioso de «la obligación de llevar a efecto la exhumación de los restos de Francisco Franco en cumplimiento del contenido de los acuerdos del Consejo de Ministros, ratificados por la sentencia del Tribunal Supremo adoptada por unanimidad». Acto seguido, Calvo vuelve a recordarle a Cantera que se comprometió a acatar la decisión de los tribunales: «En este sentido, se entiende que se ratifican en su consentimiento expresado formalmente al respecto de acatar la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial de nuestro país». Aunque el Gobierno, por si finalmente el prior se mantuviera en su postura, se cubre las espalda y le solicita que lo comunique «expresamente en el plazo de cinco días».by via España
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