El Gobierno se prepara para los hechos que puedan derivar de la sentencia del juicio del 1 de octubre, que en el Ejecutivo siguen esperando ...
El Gobierno se prepara para los hechos que puedan derivar de la sentencia del juicio del 1 de octubre, que en el Ejecutivo siguen esperando para el próximo lunes 14 de octubre. El plan de actuación de La Moncloa se estructuraría en varias fases en función de cómo evolucionen los acontecimientos. El primer punto de este plan de acción se basa en la «confianza» y buena coordinación que en estos momentos dicen que existe entre la Policía Nacional y la Guardia Civil con los Mossos d’Esquadra. Desde el Gobierno aseguran que su previsión de que la Policía y la Guardia Civil tengan que intervenir se circunscribe tan solo a si se alcanza un momento «en el que los Mossos no pueden garantizar la seguridad». Aunque desde el Gobierno se insistía ayer en que Polícia y Guardia Civil debían intervenir siempre «en segunda línea». Ese sería el punto procesal, ante un desbordamiento del orden público, cuando el Ejecutivo podría plantearse la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Una intervención que desde el Ejecutivo defendían ayer como «rápida, aguda y ejecutiva», ya que un decreto presidencial es suficiente para ponerla en marcha. En el Gobierno no quieren definir un punto concreto en el que se entendería que debe utilizarse esta norma. Pero sí aciertan a dibujar un escenario en el que estaría justificado: «Tendría que darse una situación de parálisis de Cataluña, que pudiese afectar al resto del país, y constatándose una incapacidad de la policía autonómica catalana para restablecer el orden». E insisten, solo si se produce una descoordinación o episodio de desconfianza en la relación con los mossos que «ahora mismo no lo hay». Se plantea un escenario crítico que justificaría una actuación, que se produzcan cortes de las principales vías de comunicación que pueda derivar en el desabastecimiento de productos. Una protesta sostenida El análisis que hace en estos momentos el Gobierno es el de que «evidentemente va a haber protestas», y esperan que tengan «una importante carga emocional». Se hace énfasis en este punto porque entienden que ese componente hace imprevisible las reacciones de determinados elementos del independentismo. Respecto a la expectativa que tiene el Gobierno sobre la intensidad de las movilizaciones, se asegura que se espera un conflicto «sostenido» y no una movilización aislada, intentando mantener la intensidad hasta el viernes 18 de octubre, cuando hay convocado un sucedaneo de huelga general. En el Gobierno insisten en que su respuesta se hará «de acuerdo con la transgresión». En ese aspecto, y por simplificar, se entiende que la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional tendría cabida en una situación de desordenes públicos continuados y en el que se ponga en riesgo la seguridad de infraestructuras sensibles. Y por otro lado se encontraría el recurso al artículo 155 de la Constitución, que en el Gobierno vinculan a la comisión de hechos que comporten «efectos políticos y jurídicos indudables». Desde otras instancias del Ejecutivo se circunscribe esta aplicación a que se produzca «una vulneración flagrante de la Constitución». En este sentido en el Gobierno dicen que esperan algún tipo de «movimiento de desobediencia articulado desde el Parlament». El martes hay reunión de la mesa de la cámara catalana y ese será un momento para calibrar el punto hasta el que están dispuestos a llegar los partidos independentistas. Ayer mismo, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, derivaba al Parlament la respuesta institucional, ya que es «donde radica la soberanía del pueblo y es quien deberá decidir lo que toque». Respecto a la posibilidad de que un Gobierno en funciones aplique el 155, en La Moncloa ya han asegurado que no existe ninguna dificultad para proceder en esa dirección si fuese necesario. Fuentes parlamentarias aseguran que ya existe un informe de los letrados del Senado que avala esta actuación estando en funciones. Explican que se trató de una consulta efectuada en el año 2015 bajo la presidencia de Pío García-Escudero en un momento en el que la legislatura nacional estaba a punto de concluir y el Parlamento de Cataluña había aprobado la primera resolución que apostaba por la «desconexión democrática» de Cataluña. En ese informe quedaba claro que la Diputación Permanente «asume las facultades que correspondan» al Pleno. Sánchez baja el tono En contraste con las previsiones del Gobierno, que insiste en que tiene todo planeado, Sánchez pasó ayer por Barcelona sin hacer mención al artículo 155 de la Constitución y rebajando su crítica contra los partidos independentistas. A diferencia de su intervención en un acto del PSC hace diez días, Sánchez se erigió ayer en el defensor de «la convivencia» en Cataluña y de «las demandas y urgencias de los catalanes de a pie», informa Daniel Tercero. El presidente del Gobierno de España en funciones y candidato del PSOE en las elecciones del próximo 10 de noviembre, reivindicó un próximo Gobierno de España que defienda «un proyecto plural en una España diversa» y «trabajar por que Cataluña aporte al proyecto ilusionante» que, en su opinión, solo puede liderar el PSOE.by via España
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