La nueva ley de coordinación de policías locales que lleva adelante el Consell presidido por Ximo Puig, así como el decreto regulador del ac...
La nueva ley de coordinación de policías locales que lleva adelante el Consell presidido por Ximo Puig, así como el decreto regulador del acceso a esta función pública, contiene condiciones cuestionadas incluso como inconstitucionales, tal como ha denunciado el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB). Una de las más llamativas, que los aspirantes pueden pasarse siete meses en la academia pagando la instrucción de su bolsillo y luego, al hacerse ahora la oposición a posteriori, quedarse en la calle si no aprueban. «Esto es empezar la casa por el tejado, en ninguna otra Comunidad de España se realiza semejante barbaridad, ni que sepamos en ninguna otra academia del mundo», ha criticado el SPPLB, además de alertar de que «es dar conocimientos de seguridad y emergencias, muchos de ellos bajo el amparo de la Ley de Protección de Datos a personal que no son funcionarios de carrera». Otro detalle incorporado en este decreto un tanto chocante -para este sindicato- es que se rebaja en dos centímetros la estatura mínima de las mujeres que aspiren a ser policía local. «Nos gustaría saber en qué criterio médico se han basado para realizar esta corrección, que suena más a intereses oscuros», han señalado. Asimismo, a partir de ahora se obliga en todos los procedimientos a realizar una entrevista personal, «prueba totalmente subjetiva y sujeta a muchas dudas respecto a su idoneidad», y cuyos examinadores serán únicamente mandos policiales, según el SPPLB, que convocó a agentes con plaza, interinos y aspirantes a una concentración de protesta contra esta normativa hace unos días frente al Palau de la Generalitat, en Valencia. «A la calle» 1.500 interinos Aparte de las condiciones de acceso para los nuevos, la citada ley autonómica ha puesto «fecha de caducidad» a 1.500 agentes interinos que, a final de año, «podrían ir a la calle» si no se reconduce la situación, para lo que sugieren un procedimiento «esprés» con un concurso de méritos. En su protesta, el SPPLB ha pedido al presidente Puig el «cese fulminante» de su secretario autonómico de la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias, José María Ángel Batalla, y de su coordinador de Gabinete Técnico y jefe de la Policía de Xàtiva, Antonio Collado.by via España
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