Aunque fue un compromiso del anterior Gobierno autonómico que, incluso, se plasmó sobre un documento firmado con los representantes sindical...
Aunque fue un compromiso del anterior Gobierno autonómico que, incluso, se plasmó sobre un documento firmado con los representantes sindicales de la Función Pública, de momento no será posible volver a la jornada de 35 horas semanales en la Administración autonómica. La razón está en el coste económico que tendría la medida para las arcas de la Comunidad -entre 110 y 120 millones de euros- al que no es posible hacer frente con el escenario económico y político actual. Lo explicó ayer el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que si bien evitó el «no» por respuesta a la pregunta de si se aplicará la medida como se había firmado con los sindicatos, sí dejó su posición bastante clara al señalar que «es poco probable», hasta el punto de considerar que sería una «irresponsabilidad» volver «ya» a las 35 horas semanales. El motivo no es otro que económico como consecuencia de la falta de financiación procedente del Estado debido, precisamente, al bloqueo político y al mantenimiento del Gobierno en funciones que se niega a transferir los ingresos con los que contaban las autonomías. Igea explicó ayer, al término del Consejo de Gobierno, que la medida tendría un «evidente impacto económico», por lo que la Junta remitirá al Ministerio de Hacienda su efecto sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit de los que, evidentemente, se alejaría aún más. Lo cierto es que en esta ocasión llueve sobre mojado dado que Castilla y León ya tiene dificultades para cumplir con el déficit del 0,1 marcado por el Estado en un escenario en el que Castilla y León lleva semanas reclamando los 440 millones de euros correspondientes a las actualizaciones de las entregas a cuenta y del IVA. Además, la falta de un Gobierno central y de un presupuesto hace imposible contar con una previsión de ingresos por lo que, en definitiva, según señaló el vicepresidente de la Junta, «sería una irresponsabilidad» adoptar una decisión cuyo coste anual es de 120 millones de euros. «No vamos a engañar a los funcionarios y a los ciudadanos de Castilla y León introduciendo una medida para que en tres meses el Ministerio de Hacienda nos obligue a actuaciones correctoras», señaló Igea ya que, reconoció, «puede poner en riesgo la estabilidad financiera». De ahí que, insistió, «la cuadratura del círculo es imposible» así que «no podemos prometer algo que no podemos cumplir». Igea cree que sería «irresponsable» ante la deuda de 440 millones del Gobierno y la falta de presupuestos De esta forma, anunció que para la próxima semana se ha convocado a los representantes sindicales de la Comisión de Seguimiento de los acuerdos de la Función Pública, entre los que se incluía la vuelta a las 35 horas semanales. Con ellos, apuntó, se buscarán las fórmulas para que la medida se pueda poner en marcha esta legislatura ya que, su aplicación inmediata «no parece razonable y es muy poco probable». Sin embargo, UGT y CCOO ya se adelantaron ayer a calificar de «intolerable» y de «flagrante incumplimiento» del acuerdo y advirtieron de que, si no se rectifica, habrá movilizaciones. «La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, prorrogada para 2019, establece que solo podrán volver a la jornada de 35 horas las Administraciones que hayan cumplido los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto», argumentan ambos sindicatos, que añaden como en la notificación de la Junta se dice que se cumplen los tres. Plan de ajuste Sin embargo, la situación de falta de ingresos procedentes del Estado e incumplimiento de los objetivos de déficit, el vicepresidente de la Junta reconoció que será necesario poner en marcha «medidas correctoras», como así se lo ha exigido ya el Ministerio de Hacienda a través de un requerimiento para que remita un plan de ajuste. Francisco Igea no quiso adelantar dónde se realizarán esos ajustes, aunque quiso dejar claro que cualquier actuación para volver a la senda del déficit tiene que pasar por «asegurar el funcionamiento de los servicios públicos». En cualquier caso, apuntó que «habrá que sentarse y ver consejería por consejería qué medidas se pueden adoptar». También lamentó que Castilla-La Mancha el PSOE si se sumó a una iniciativa para reclamar al Gobierno las transferencias pendientes, mientras que en Castilla y León la propuesta, que presentó en PP en las Cortes autonómicas, no contó con el voto a favor del Grupo Socialista, «que está ocupado en otras cosas como los tuits del alcalde de Valladolid o el pisito de las Cortes». «Parece que los 440 millones no les parece un asunto como para que tengamos una postura de Comunidad», señaló.by via España
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