Los Mossos d’Esquadra afrontarán la gestión del segundo aniversario del 1 de octubre y, sobre todo, la reacción ciudadana ante la sentencia ...
Los Mossos d’Esquadra afrontarán la gestión del segundo aniversario del 1 de octubre y, sobre todo, la reacción ciudadana ante la sentencia del juicio del «procés» con un nuevo director y la sensación de que por parte de la Generalitat se pretende seguir usando a la Policía con intereses políticos. En un anuncio que inevitablemente se lee en clave «procesista», el hasta ayer responsable de la Policía autonómica, Andreu Martínez, anunció que deja el puesto, un paso que fuentes tanto policiales como políticas interpretan como un intento de no verse arrastrado por los acontecimientos que se esperan en las próximas semanas y ante la pérdida de confianza por parte del presidente Quim Torra. Martínez, pese a su perfil político, y tras apenas quince meses en el puesto, se había ganado hasta cierto punto la confianza de los mandos y de un Cuerpo que valoraba una gestión relativamente focalizada en lo profesional tras unos años de máxima tensión por los hechos del «procés». Se valoraba, por ejemplo, que Martínez no hubiese dudado en salir a defender a los agentes cuando el presidente catalán exigió que rodaran cabezas cuando los antidisturbios de la Brigada Móvil (Brimo) se enfrentaron a los radicales independentistas en Gerona y Tarrasa en diciembre de 2018. Camino insurreccional Finalmente, el ambiente cada vez más caldeado y la presión de un Torra dispuesto a caminar por el camino insurreccional este próximo otoño habrían llevado a Martínez a tomar la decisión de apartarse. Pese a ello, fuentes de la cúpula de la Policía autonómica consultadas por ABC ya advertían ayer de que, al margen de quien ostente la dirección, rechazarán cualquier intento de injerencia política y que, por ejemplo, no atenderán «órdenes de no intervención» si se producen alteraciones del orden público en los próximos días. «Seguiremos un criterio estrictamente policial. La gente en el Cuerpo ya está muy aprendida», se apuntaba ayer en la cúpula de mando. La dimisión de Martínez se lee también como un episodio paralelo a la remodelación que ya se produjo en el Cuerpo en vísperas del referéndum de octubre de 2017, cuando a la marcha del entonces consejero de Interior Jordi Jané le siguió la del director en esa época Albert Batlle, ambos disconformes con el rumbo político suicida de la Generalitat. El ahora encarcelado a la espera de sentencia Quim Forn tomó el relevo de Jané, y es precisamente quien fuera su jefe de gabinete, también ahora del actual consejero Miquel Buch, quien asumirá la dirección de los Mossos. Se trata de Pere Ferrer, en su momento damnificado por las destituciones del 155 y que se entiende que llega a la dirección del Cuerpo en sintonía con las directrices que emanan del Palau de la Generalitat. La dimisión de Martínez suma un nuevo episodio a la turbulenta serie que ha sido la gestión reciente de los Mossos. Tras lo sucedido con los incidentes de Gerona, en los que Martínez, y también Buch, aguantaron el tipo ante las presiones de Torra, en verano se producía el sorpresivo nombramiento de Eduard Sallent como nuevo comisario jefe. De manera más reciente, Buch sí cedía a las presiones y cesaba a la muy competente directora de comunicación del Departamento Joana Vallés para colocar en su posición al mucho más polítizado, y persona fiel a Puigdemont, Joan María Piqué. La razón del cese de Vallés, una rueda de prensa en la que los Mossos anunciaron que en los dispositivos para las próximas semanas podían empezar a usar gas pimienta para la dispersión de manifestantes. Demasiado para un Quim Torra cada vez más en el papel de CDR. «Momento no casual» Los cambios en la gestión de los Mossos se producen en vísperas de lo que se espera que sean movilizaciones importantes, no tanto hoy en el segundo aniversario de las votaciones de 2017, como cuando se produzca el fallo del Tribunal Supremo. «El momento no es casual», apunta un portavoz sindical a ABC. Ayer mismo, se conocía que el sindicato independentista la Intersindical ha registrado un preaviso de huelga general para el 11 de octubre, mientras que la Assemblea Nacional Catalana (ANC) anunciaba que pretende bloquear Cataluña con una «marcha» que durante tres dias recorrerá las carreteras de la comunidad y que empezará cuando se conozca la sentencia del Supremo. Tal y como detalló el secretario nacional de la ANC, David Fernàndez, el objetivo es «colapsar la red viaria» catalana. En una entrevista de Betevé, Fernàndez afirmó que estas marchas recorrerán 100 kilómetros -40 el primer día, 40 el segundo y 20 el tercero- para llegar a Barcelona, aunque todavía se están trabajando algunos detalles de esta movilización: «Está previsto que cada mediodía se hagan 20 kilómetros colapsando la red viaria principal de Cataluña». Aseguró que también se celebrará una gran manifestación unitaria y otras acciones convocadas por colectivos y entidades independentistas, informa Miquel Vera. Además de las propias acciones que puedan estar organizando los Comités de Defensa de la República (CDR), surgen inciativas como Tsunami Democràtic, que por encima de entidades trata de vehicular la respuesta civil a la sentencia. Entre las iniciativas en las que se está trabajando, una «acampada permanente» sobre una importante vía de comunicación, para lo que ya se insta a quienes quieran movilizarse a acumular provisiones para una reacción que se quiere inmediata y sostenida en el tiempo. Asalto al Parlament Fuentes policiales de los Mossos apuntan que los planes para hacer frente a estas convocatorias -particularmente tras la sentencia, aunque para hoy el dispositivo se ha reforzado- están diseñados en plena coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los Mossos se ocuparán del primer cordón, mientras que los otros dos Cuerpos —en el interior de edificios del Estado e infraestructuras como el Aeropuerto y las estaciones del AVE—, solo intervendrán si la Policía catalana se ve desbordada. «La colaboración es absoluta», se reconoce en la cúpula de los Mossos, alguno de cuyos integrantes a título personal no dudó en felicitar al Instituto Armado tras la intervención contra los CDR el lunes. La Policía y la Guardia Civil tienen ahora en Cataluña unos 500 agentes antidisturbios, que podrían doblarse en caso de incidentes graves. Por otra parte, las mismas fuentes señalan que uno de los objetivos del independentismo más radicalizado, la toma del Parlamento catalán, es materialmente imposible, y que la posibilidad de que los Mossos se muestren pasivos es implanteable.by via España
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