¿Es un real decreto, previsto para casos de urgente necesidad, el instrumento idóneo para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos...
¿Es un real decreto, previsto para casos de urgente necesidad, el instrumento idóneo para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos? Es la primera pregunta que tendrán que debatir los magistrados de la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que mañana se reúnen para deliberar sobre el recurso de la familia Franco contra la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de exhumar al dictador. Así lo aseguraron fuentes del Alto Tribunal consultadas por ABC, para quienes la respuesta a esta cuestión, planteada en el escrito de los Franco, condicionará el resto del debate en un día marcado por la disolución de las Cortes y el decreto de convocatoria de las nuevas elecciones para el próximo 10 de noviembre. Sea cual sea el fallo de la Sala, entrará de lleno en precampaña, seis meses después de la promesa del Gobierno de sacar a Franco del Valle de los Caídos el 10 de junio de este año. Si los jueces cuestionan el instrumento utilizado por el Gobierno de Sánchez tendrán que plantear sus dudas ante el Tribunal Constitucional y no podrán, por tanto, entrar en el fondo del asunto. Sólo si avalan ese real decreto, y por tanto, su «extraordinaria y urgente necesidad», podrán seguir adelante con el debate sobre la exhumación y el destino que se da a los restos del dictador, que la familia quiere llevar a la catedral de la Almudena y el Gobierno al cementerio de Mingorrubio, en el Pardo, por «razones de seguridad y de orden público». Prohibición a la familia Así como la exhumación no parece que vaya a dividir a la Sala, que forman seis magistrados de distintas sensibilidades, presididos por Jorge Rodríguez Zapata, la unanimidad en lo que se refiere al destino de los restos se antoja más difícil. Las fuentes antes citadas sostienen que los jueces no tienen que decidir dónde se inhuma al dictador, sino «pronunciarse sobre si es conforme a derecho que se prohíba a la familia enterrar el cuerpo en la catedral». ¿Ha de prevalecer el deseo de la familia o las razones de seguridad (interés público) a las que apela el Ejecutivo? Lo cierto es que no se espera un pronunciamiento tajante por parte de los magistrados sobre el derecho al que apela la familia para, una vez exhumado, enterrar al dictador donde estime conveniente. Y ello hasta el punto de que el Supremo podría incluso condicionar el destino del dictador a los designios de la Iglesia católica. En el transcurso de este procedimiento, la familia presentó una pericial que alertaba del riesgo de profanación y de actos vandálicos que provocaría la inhumación de los restos de Franco en El Pardo frente a su ubicación en La Almudena, una zona, a su juicio, más segura y protegida policialmente. No comparte este criterio la Abogacía del Estado, que alerta del riesgo de enfrentamientos entre grupos extremistas y recuerda el intento de atentado en 2013 en la Almudena a manos de un grupo de anarquistas. El pasado 3 de junio la Sala decidió paralizar cautelarmente la exhumación acordada por el Consejo de Ministros hasta que hubiera sentencia firme sobre el fondo del asunto, pues lo contrario podría ser «extraordinariamente perjudicial no solo para los recurrentes, sino también para el interés público por las singulares y únicas circunstancias que concurren en este caso». A juicio del tribunal, eso provocaría «un grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, habida cuenta de la significación de don Francisco Franco». Abundaban los magistrados en que «el hecho de que fuera jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 [tres meses después del inicio de la Guerra Civil] hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975 atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales que no se pueden ignorar y que permiten atribuir un perjuicio irreversible a la ejecución de la decisión del Consejo de Ministros de exhumar sus restos si esta, después, fuere considerada contraria a Derecho». Otros tres recursos Además del de la familia, actualmente en el Supremo hay pendientes de sentencia otros tres recursos interpuestos contra el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros: el de la abadía benedictina de Cuelgamuros, el de la Fundación Francisco Franco y el de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos. El Supremo debate a puerta cerrada mañana el de los nietos del dictador porque es el más avanzado en su tramitación y el que más puntos de controversia plantea. La decisión de los magistrados marcará el destino de los demás.by via España
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