La vuelta del Congreso de los Diputados a la actividad parlamentaria estuvo enmarcada ayer por una nueva polémica ante la discriminación que...
La vuelta del Congreso de los Diputados a la actividad parlamentaria estuvo enmarcada ayer por una nueva polémica ante la discriminación que el Gobierno de Pedro Sánchez está llevando a cabo contra las leyes propuestas por el bloque de la derecha. El Ejecutivo en funciones está dando prioridad a la calificación de las iniciativas presentadas por el PSOE por delante de las registradas por PP, Ciudadanos y Vox, que aún no han recibido el visto bueno de Moncloa a ninguna de sus proposiciones, a pesar de haberlas presentado antes que los socialistas. La dilatación intencionada fue reconocida por el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, durante la reunión de la Junta de Portavoces. La calificación del Gobierno es un trámite necesario para que una iniciativa pueda ser debatida en el Congreso, de manera que PP, Ciudadanos y Vox no pueden elevar ninguna ley al pleno. El grupo que preside Pablo Casado tenía cupo para debatir una de sus leyes esta misma semana, pero no ha podido utilizarlo. Tampoco lo hará la semana que viene cuando también tendría turno Ciudadanos. La Junta de Portavoces se reunió ayer en el Congreso y, ante la falta de contestación del Gobierno, fijó el orden del día del próximo pleno sin incluir iniciativas legislativas de ninguno de estos grupos. A Vox le tocaría la semana siguiente. La conformidad del Gobierno a una ley de la oposición tiene el único objetivo de verificar que no hay afección al Presupuesto en vigor. Esto es, que el texto propuesto no implica un aumento del gasto o una reducción de los ingresos. Pero, en total, son quince las leyes del bloque de la derecha que están siendo dilatadas por el Gobierno y varias no tienen ningún tipo de afección presupuestaria. Es el caso, por ejemplo, de la reforma del Reglamento del Congreso propuesta por el PP para el establecimiento de fórmulas de juramento de la Constitución. El Congreso, «sede del PSOE» Tanto las portavoces del PP, como de Cs y Vox pusieron el grito en el cielo por esta maniobra política. Cayetana Álvarez de Toledo denunció que el Gobierno ha convertido al Congreso «en la sede de la soberanía socialista» mientras Inés Arrimadas acusó al PSOE de tener comportamientos antidemocráticos como los desplegados por los independentistas en el Parlament. Macarena Olona incidió en la injerencia del Gobierno en el poder legislativo. Además de favorecer a los textos socialistas, el Ejecutivo ha dado su conformidad a varios textos propuestos por sus socios, tanto Podemos, como PNV. El PSOE salió ayer al rescate del Gobierno recordando que dispone de 30 días para dar su conformidad a las leyes de la oposición y que este plazo aún no se ha consumido al ser el Congreso inhábil durante julio y agosto. Un argumento que no invalida la denuncia de la derecha.by via España
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