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En la letra pequeña, que todavía no está escrita, comenzarán a percibirse las diferencias. Pero ahora, casi todos los actores coinciden en un denominador común como punto de partida para atajar la crisis de seguridad de Barcelona: endurecer el Código Penal para combatir la reincidencia. Barcelona ha monopolizado el debate sobre la seguridad este verano. La capital catalana ha registrado un incremento de un 30 % en el número de robos con violencia –que además son más violentos– y un repunte también de los asesinatos y homicidios. Un total de 15, contabilizando el más reciente: el apuntalamiento mortal la madrugada del miércoles a una joven en una discoteca del Puerto Olímpico durante un robo. Todo ello ha propiciado una sensación de inseguridad en la ciudadanía, que preocupa tanto a las administraciones como a los jueces, vecinos y sector hostelero. Todos los partidos ya han coincidido en la necesidad de cambios legislativos. Y ahora, con más o menos agilidad y diligencia, las administraciones se mueven para afrontar un problema que hasta el Gobierno municipal de Ada Colau, aunque tarde, ha acabado por reconocer. En este contexto hay que situar dos reuniones que ayer se celebraron en Barcelona. Una, en la Consejería de Interior de la Generalitat, en la que representantes del Govern y del Ayuntamiento intercambiaron pareceres con las principales entidades sociales, económicas y vecinales de la capital catalana. En la otra, que tuvo como escenario la Delegación de Gobierno, se vieron cargos del Ministerio de Justicia con jueces y fiscales, y delegados municipales y del Ejecutivo autonómico. En el primero de los encuentros citados, el Govern y el Ayuntamiento lograron el apoyo de entidades para reclamar cambios en el Código Penal, que castiguen con mayor dureza la reincidencia. Algo sobre lo que, por cierto, la patronal Fomento del Trabajo ya se había pronunciado a favor a principios de semana. Esta cita es la primera de una serie de reuniones que la Consejería de Interior convoca dentro de la iniciativa que ha bautizado como «Barcelona Ciudad Segura». Según explicó a los medios el director de los Mossos, Andreu Joan Martínez, más allá de la unanimidad para pedir endurecer el Código Penal, todos coincidieron en que la situación es compleja y que «la actividad policial, aunque imprescindible, no es suficiente para revertir la situación». No solo en cuanto a las cifras objetivas del aumento de delitos sino también en la percepción de inseguridad. En paralelo, en la Delegación del Gobierno, los allí reunidos intercambiaron diagnóstico sobre el problema de la seguridad en la ciudad. Según explicó la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, tanto el Ejecutivo central como la Generalitat coincidieron en la necesidad de buscar más medios para que la Justicia sea más eficiente. Ciudadanos, que lleva toda la semana puliendo un plan de choque contra la inseguridad, registró ayer en el Congreso sendas leyes contra la reincidencia y contra la ocupación ilegal de viviendas. El partido de Rivera propone que tres hurtos leves computen como uno normal, de manera que conlleve pena de prisión de seis a dieciocho meses. Este castigo, si el infractor es inmigrante irregular, se sustituirá por su expulsión. El PP también registró una iniciativa para exigir al Gobierno un refuerzo de la seguridad hace dos semanas. Informa Juan Casillas.by via España
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