Sin caer en un escenario apocalíptico que incluso algunos compañeros de siglas han dibujado, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fer...
Sin caer en un escenario apocalíptico que incluso algunos compañeros de siglas han dibujado, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, no duda en calificar la situación actual generada por el impago del Gobierno de 440 millones -incremento de las entregas a cuenta y liquidación de un mes del IVA de 2017- como «un problema real y una dificultad cierta» a la que responsabiliza al Ejecutivo presidido en funciones por Pedro Sánchez que, en su opinión, «está demostrando que es insensible con las comunidades y con los problemas de los ciudadanos». Carriedo explica a ABC además que este difícil momento se debe no sólo «a la congelación» de los ingresos en la Comunidad, si no también «a la obligación de más gasto» que en muchas ocasiones se ha impuesto también desde Moncloa y la Junta debe «y quiere» atender. El consejero cree que un «incremento» de los desembolsos unido a un contexto «con menos ingresos» supone «una dificultad objetiva que todo el mundo puede comprender» y que, según avisa, va a hacer que cumplir con el objetivo de déficit marcado para este año -el -0,1 por ciento- sea una tarea más que improbable, algo de lo que también responsabilizó al Gobierno central «al estar derivando ese déficit que sería del Estado hacia las comunidades autónomas». Carriedo reconoce que aún no tienen cuantificado cuál puede ser el desvío del déficit con el que se cierre el ejercicio pero aventuró que el desfase entre ingresos y gastos superará esa décima permitida en gran parte de las autonomías porque «en esta ocasión no es que se nos hayam tratado peor a nosotros que a los demás; la queja y el problema es generalizado». La detallada justificación del consejero para explicar el momento de dificultad, además de insistir en el «bloqueo» de los 440 millones que «son nuestros» y que el propio Gobierno reconoce y no abona aludiendo a que está en funciones, pasa por ese aumento del gasto dirigido también desde Madrid. Por un lado, estaría la subida de sueldo de los empleados públicos de un 2,5 por ciento «y la que no nos negamos pero que tenemos que aplicar nosotros sin que el Estado haya subido la cantidad transferida a las comunidades». Tras recordar que esta decisión fue aprobada por un decreto ley y que «sí tuvo tiempo para eso y no para actualizar los fondos» que debían haber llegado ya a las regiones, expuso también que la Junta tiene que asumir gastos de «obligado cumplimiento» como la calefacción de hospitales y colegios, la evolución del gasto farmacéutico y la dependencia «y eso hay que hacerlo lo tengas o no presupuestado». Posición de «ventaja» En el lado positivo está «la ventaja» que supone no haber elaborado las Cuentas para 2019 -están prorrogadas- con una previsión de ingresos al alza y medidas nuevas que no se hubieran podido acometer «y que el PSOE aquí nos exigía hacer, anque por suerte no les hicimos caso». Preguntado sobre si priorizará el cumplimiento del déficit frente a las obligaciones de gastos contraídas, consideró que «no es una cuestión de opciones» y que ni siquiera se plantean no atender aspectos como la dependencia o los costes farmacéuticos ni tampoco dejar en la estacada a los proveedores que trabajan para la administración «porque eso sería meter a miles de pequeños autónomos en más dificultades de las que ya tiene en un momento de crecimiento menor que el de hace un año». Para Carriedo, «no podemos elegir trasladar el problema a la gente, como sí ha hecho el Gobierno central, y vamos a hacer frente a nuestros compromisos». En el caso de que ese dinero llegara en breve -algo casi descartado en estos momentos-, el consejero de Economía y Hacienda explica que no son unos fondos para gastar «en otra cosa», si no que «se necesitan para cumplir con nuestros gastos, para reducir el déficit y para que los ciudadanos no sigan siendo los más perjudicados de esta situación». Si, como parece, los fondos no se transfieren a la Comunidad, todo hace indicar que la Junta tendrá que recurrir al endeudamiento para disponer de la liquidez necesaria. Sin entrar aún a valorar esta posibilidad, Carriedo sí destaca que Castilla y León tienen «una elevada solvencia financiera y un menor nivel de endeudamiento que otras, por lo que partimos de unas mejores condiciones para abordar este momento crítico».by via España
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