El Gobierno de Canarias ha reforzado desde este verano «redadas» contra propietarios de viviendas vacacionales con citaciones lanzadas por l...
El Gobierno de Canarias ha reforzado desde este verano «redadas» contra propietarios de viviendas vacacionales con citaciones lanzadas por la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística para que aclaren qué están haciendo en sus casas con turistas. En Las Palmas de Gran Canaria, la tetrarquía que gobierna es la misma que la anterior legislatura y uno de sus intregrantes, Podemos, que controla Urbanismo, ya dijo que quería restringir la libertad de comercio de propietarios de casas. El envío de cartas no tiene nada que ver con el discurso de las autoridades de las islas. El pasado mes de agosto, la consejera de Turismo de Canarias, Yaiza Castilla, dijo que «no sé si habrá regulación, pero sí que me he pronunciado porque creo que una regulación a nivel general estaría abocada al fracaso». Las cartas enviadas por el departamento de Castilla insta a propietarios de viviendas vacacionales, incluso no ubicadas en suelo y zona turística, a que acrediten qué tipo de servicio está prestando y la documentación que evidencie no estar incurriendo en prácticas ilegales. Esas cartas están llegando también a propietarios de casas en las que solamente se alquila habitación en Airbnb o en la «.com» de Booking. Un propietario citado para este mes de septiembre, con apercibimiento de entorpecer el proceso en caso de no comparecer, dijo este miércoles a ABC que «no sé qué va a dañar al PIB de la Eurozona que en mi casa de Schamann alquile una habitación, esto no es suelo turístico, ojalá, pero aquí no somos vecinos premium». Castilla dijo este verano que «me he encontrado con familias que viven de los ingresos del alquiler vacacional y en las que, a lo mejor, ningún miembro tiene empleo. Es una forma de mitigar la pobreza y el desempleo. No voy a estar en contra de eso». Castilla dijo este verano que «también me he encontrado con familias a las que les molesta que en la casa de al lado entre cada cierto tiempo un turista diferente, con lo que eso supone en cuestión de ruidos, seguridad. Eso también hay que analizarlo, como lo que pasa en Lanzarote, donde por alquilar un piso a un profesor le piden casi más que el sueldo». Viviendas y turismo La nueva andanada de cartas se produce cuando el ordenamiento jurídico de este sector no está definido. El Consejo Consultivo de Canarias considera inconstitucionales y nulos algunos de los apartados que regulan el alquiler vacacional en el proyecto de ley que modifica la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias. El dictamen insiste en las competencias autonómicas en la regulación del alquiler vacacional pero indica que en el caso de los arrendamientos urbanos se trata de una ley estatal por lo que su regulación es contraria al orden constitucional de distribución de competencias y señala que ni siquiera es admisible como simple reproducción de la norma estatal. Además resalta que en el texto se alude que será el planeamiento insular el que establecerá las condiciones para la implantación del uso turístico en el territorio en función de la carga de las diferentes zonas turísticas, concepto que para el Consultivo es muy genérico ya que este planeamiento incluye diversidad de figuras de ordenación. El dictamen recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias declaró nulos varios artículos del decreto de 2015 que regulaba el alquiler vacacional y en concreto la exclusión que se hacía de las viviendas en suelo turístico y la prohibición de cesión por habitaciones y de uso compartido de la vivienda.by via España
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