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El Gobierno balear denuncia ante la Fiscalía el asesinato de 52 personas durante la Guerra Civil

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El Gobierno balear, a través de la Abogacía de la Comunidad, ha presentado ante la Fiscalía una denuncia por 52 asesinatos cometidos en Mall...

El Gobierno balear, a través de la Abogacía de la Comunidad, ha presentado ante la Fiscalía una denuncia por 52 asesinatos cometidos en Mallorca en los primeros meses de la Guerra Civil, en concreto entre agosto de 1936 y marzo de 1937. El Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol, con el apoyo de MÉS y de Podemos, considera que en todos esos casos se trataría de posibles crímenes contra la humanidad, «de naturaleza imprescriptible y efectos permanentes». La denuncia presentada ante el Ministerio Público señala que en junio de 2014 fueron exhumados tres cuerpos en la fosa común del cementerio del municipio de Sant Joan, mientras que en noviembre de 2016 fueron exhumados 49 cuerpos en ocho de las nueve fosas del cementerio de la localidad de Porreres. Los análisis científicos llevados a cabo a raíz de ambos hallazgos confirmaron que las 52 personas habrían fallecido de muerte violenta, por arma de fuego. Baleares es la primera comunidad autónoma de España que presenta una denuncia ante la Fiscalía por posibles crímenes contra la humanidad, según ha confirmado este viernes la consejera de Cultura del Gobierno balear, la ecosoberanista Fanny Tur. La consejera ha hecho este anuncio en Pamplona, en donde ha firmado, junto con los representantes de otras 12 comunidades, una Declaración Institucional por la Memoria Histórica. Una ley autonómica La decisión del Ejecutivo de Armengol de presentar la mencionada denuncia se ha tomado en base a lo establecido por la Ley para la recuperación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el Franquismo, coloquialmente conocida como la Ley de Fosas. Dicha ley, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento regional en mayo de 2016, recoge la obligatoriedad del Govern de presentar una denuncia en casos como los de Sant Joan o Porreres. «Por el carácter masivo o sistemático que presente el hallazgo de restos humanos con signos de violencia en las fosas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, el Govern, directamente o a través de sus Servicios Jurídicos, denunciará ante la Fiscalía la existencia de indicios de la comisión de posibles crímenes contra la humanidad de naturaleza imprescriptible y efectos permanentes, conforme a la legislación vigente», se indica en el artículo 10 de la citada ley. En el caso del cementerio de Porreres, fue en noviembre de 2016 cuando se inició la exhumación de una serie de fosas donde supuestamente había un número importante de víctimas de la Guerra Civil. El resultado de aquella excavación permitió exhumar un total de 49 cuerpos en ocho fosas. El informe emitido entonces señalaba que «las evidencias obtenidas en el estudio antropológico realizado permiten establecer la muerte, en todos los casos, como violenta de etiología médico legal homicida». Pruebas científicas El estudio realizado por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, titulado «Informe de exhumación y análisis de los restos recuperados en la exhumación llevada a cabo en el cementerio de Porreres», fue entregado al Govern a través de la Consejería de Cultura. Según dicho trabajo, todas las víctimas presentaban evidencias de una muerte violenta a partir del uso de armas de fuego. Entre los cuerpos, aparecieron proyectiles, cables o alambres para atar las manos, y también unas esposas. La Sociedad Aranzadi fue también la encargada de realizar las pruebas de ADN en los cuerpos exhumados, lo que permitió determinar la identidad de 14 de ellos. Estas pruebas se hicieron a través de las muestras de ADN de los familiares de los fusilados. La Consejería de Cultura recibió el resultado de dichas pruebas el 27 de noviembre de 2017. Los familiares de las personas identificadas fueron convocados en la sede del Ejecutivo autonómico, el Consulado del Mar, el 2 de diciembre. A dichos familiares se les comunicó la identificación de los cuerpos con la entrega de un informe acreditativo y las explicaciones correspondientes. Entre todos los cuerpos exhumados se pudo identificar al hermano de la política y sindicalista Aurora Picornell (Ignasi Picornell), el alcalde de Esporles (Tomàs Seguí) y el alcalde de Costitx (Pere Vallespir).

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